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INFORME SOBRE VIOLENCIA CONTRA SINDICALISTAS Y TRABAJADORES SINDICALIZADOS 1984-2011

INFORME SOBRE VIOLENCIA CONTRA SINDICALISTAS Y TRABAJADORES SINDICALIZADOS 1984-2011

"RECONOCER EL PASADO, CONSTRUIR EL FUTURO"

  • Bruno Moro, representante del PNUD, consideró que el informe es un instrumento para un diálogo constructivo entre Gobierno, sindicatos y organizaciones empresariales.
  • El vicepresidente de la República,  Angelino Garzón,  advirtió que el estudio es una guía para continuar en la lucha por acabar el asesinato y la amenaza contra sindicalistas e invitó a mantener este esfuerzo para avanzar en soluciones concretas.
  • Las Confederaciones de trabajadores, CGT y CTC, coinciden en que este estudio es un paso en el camino hacia la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.
  • Los empresarios, representados en la ANDI, insistieron en la necesidad de continuar con este trabajo conjunto en busca de mejores garantías para el ejercicio sindical.

Con comentariosdel vicepresidente de la República, Angelino Garzón; el coordinador Residente y Humanitario de las Naciones Unidas en Colombia, Bruno Moro; el presidente de la Confederación General del Trabajo, Julio Roberto Gómez; la secretaria general de la Confederación de Trabajadores de Colombia, Rosa Flérez y el gerente de Responsabilidad Empresarial de la ANDI, Víctor Malagón, se realizó este miércoles  la presentación del Informe sobre violencia contra sindicalistas y trabajadores sindicalizados 1984-2011 “Reconocer el pasado, construir el futuro”.

 

El evento que se llevó a cabo en Hotel Tequendama, Bogotá, y al que asistieron más de 200 personas, reunió a tres importantes actores de la sociedad colombiana: el Gobierno, confederaciones sindicales y la organización del empresariado los cuales afirmaron su interés, voluntad y un compromiso decidido en apoyar un proceso en el que no solo se revelaron las principales cifras e indicadores sobre la violencia contra los sindicalistas, sino que se hicieron recomendaciones en procura de la garantía de sus derechos.


El Proyecto sobre violencia contra sindicalistas y trabajadores sindicalizados 1984-2011 fue una iniciativa auspiciada por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID); la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y las Embajadas en Colombia de Canadá, España, Estados Unidos, Francia, el Reino de los Países Bajos, Noruega, Reino Unido y Suecia. Participaron la Vicepresidencia de la República, la Cancillería, el Ministerio del Trabajo, la CGT, la CTC y la Andi. La coordinación estuvo a cargo del PNUD que basó todo el proceso en dos pilares: análisis y diálogo.


Gobierno, centrales sindicales y empresarios alimentaron el proceso con sus aportes, sugerencias y debates, en 12 mesas de discusión (“conversatorios”) entre marzo y octubre de 2011 y un encuentro internacional (mayo 2010). Adicionalmente, seis centros de investigación enriquecieron el análisis con insumos a través de investigaciones temáticas. Adicionalmente, docentes e investigadores de la Universidad Nacional, la Escuela Nacional Sindical y la Comisión Colombiana de Juristas apoyaron y enriquecieron el debate con sus aportes.


"ESFUERZO CONJUNTO"


 


El representante del PNUD, Bruno Moro, explicó que el objetivo de este Informe fue generar instrumentos para el diálogo constructivo entre los actores interesados en el tema.  "La situación de violencia contra los sindicalistas y los trabajadores sindicalizados ha sido una preocupación compartida tanto por el Gobierno nacional como por organizaciones sindicales, gremios empresariales y la comunidad internacional. Las cifras sobre violencia contra sindicalistas provistas por las diferentes fuentes son motivo de inquietud. Muchos de los datos, en particular de violencia constituida por los homicidios han podido ser rastreados y comparados en este Informe", dijo Moro.

Agregó que esta investigación es solo una parte de un proceso guiado por el interés de buscar una solución conjunta a un problema que ha enlutado al país durante varias décadas. “Se ha hecho este estudio con el propósito de reconocer lo acontecido a los sindicalistas y a los trabajadores sindicalizados en esos 27 años.  Pero se quiso ir más allá con el fin de aportar un mejor conocimiento y reconocimiento de lo que ha sucedido, y construir un mejor futuro de libertad sindical, de dignificación y reconocimiento ciudadano. En el contexto del respeto por los Derechos Humanos, el reconocimiento del sindicalismo como parte sustancial de la democracia es una preocupación central para las acciones de la comunidad internacional y de las Naciones Unidas. Sabemos que el análisis y los aportes que dejará esta investigación serán de gran relevancia para la agenda del gobierno y de enorme impacto en la comunidad internacional».

En ese sentido, la aspiración del PNUD y todos los aliados de este proyecto, es que los actores de la sociedad civil (en particular las organizaciones sindicales y el empresariado) así como el Estado en sus distintos órganos y poderes, consideren las propuestas derivadas de los análisis, y a partir de las mismas encuentren fórmulas jurídicas, organizativas, comunicativas y prácticas para contribuir a la reducción de esa violencia.

 


"TENEMOS UNA MIRADA POSITIVA AL INFORME. EL PROCESO DEBE CONTINUAR"


El vicepresidente  de la República, Angelino Garzón, dijo que el Gobierno Nacional tiene una mirada positiva frente al informe. "Es una información que nos sirve de guía para seguir en la lucha por acabar el asesinato y la amenaza contra sindicalistas, defensores de derechos humanos, personas vinculadas al poder judicial y al sector empresarial, entre otros -afirmó el Vicepresidente-. El informe es un estimulo para continuar la lucha contra la impunidad, en favor del proceso de reparación individual a las víctimas del conflicto armado interno y para iniciar un proceso de reparación colectiva del sindicalismo, que permita avanzar no solo con leyes sino en una cultura de respeto al sindicalismo como institución de la democracia. Enfoque que también se debe tener frente al sector empresarial".

Garzón se comprometió a difundir este informe sobre violencia y sindicalismo a todos los organismos del Estado colombiano y a los diferentes organismos y agencias internacionales, entre ellos la OIT y la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU. También sugirió darle continuidad a la investigación y avanzar en la construcción de un nuevo documento que profundice sobre el tema de la impunidad en los crímenes contra los sindicalistas. Insistió, además, en la necesidad de que se construya un nuevo lenguaje que desestigmatice a los sindicalistas, a los trabajadores del Estado y a las ONG. “Para la democracia son tan importantes los sindicatos de trabajadores como las organizaciones empresariales”, finalizó. 

"VERDAD, JUSTICIA, REPARACIÓN"

 


 

Rosa Flérez, de la Confederación de Trabajadores de Colombia, insistió en que este informe es un instrumento para que las víctimas conozcan no sólo cifras, si no las causas de los crímenes y quiénes son los victimarios.


En tal sentido, Julio Roberto Gómez, de la Confederación General del Trabajo, manifestó que se debe garantizar, verdad, justicia y reparación. "Necesitamos saber quién mató a los sindicalistas en Colombia y no se trata solo de depurar una base de datos (...) Este es un primer estudio porque debemos avanzar en conocer el fondo del problema". Coincidió con el Vicepresidente de la República en que a las familias de las víctimas hay que repararlas como corresponde: política, económica, judicial y moralmente.

Según Gómez, el respeto es también una forma de avanzar hacia la reparación y por eso debe ser una prioridad del Estado acabar la estigmatización del movimiento sindical  y construirse un nuevo vocabulario que favorezca la vida y la democracia "Si alguien del Estado o del empresariado cree, sabe, de algún sindicalista que tenga vínculos con acciones delincuenciales o insurgentes debe denunciarlo. Pero no se debe generalizar la estigmatización porque eso es una acción irresponsable", aseguró.

 

"TRABAJO CON GARANTÍAS"



El gerente de Responsabilidad Empresarial de la ANDI, Víctor Malagón, resaltó cinco características del Estudio: "1. Fue un esfuerzo de diálogo constructivo y generoso. 2.Estamos demostrando que sí somos capaces de multiplicar y de sumar en lugar de dividir. 3.Estamos desarrollando el objetivo común de reconocer y tener convergencia frente a este problema. 4. El soporte de los centros académicos que investigaron le dan gran credibilidad al informe. 5. El proceso es fruto del sincero y solidario compromiso de los países que lo apoyaron".



LO QUE DICE EL INFORME


Carlos Miguel Ortiz, coordinador del informe Reconocer el pasado, construir el futuro explicó que el estudio se ha elaborado con el propósito de reconocer lo acontecido a los sindicalistas y a los trabajadores sindicalizados en los últimos 27 años. "Pero no para hundirnos de manera pesimista en lamentos o reconvenciones; sino para que el mejor conocimiento y reconocimiento de lo que ha sucedido sea apenas un medio hacia un objetivo mayor: construir un mejor futuro: de libertad sindical, de dignificación y posibilidad de ejercicio de esa actividad que es tan legítima y necesaria como la actividad empresarial. Sin amenazas, miedos ni cortapisas".
Ese es el sentido del estudio: reconocer para construir.


 Ortíz se refirió  entonces a las principales conclusiones del Informe, que se pueden traducir en 4 mensajes:

1-   Sobre la magnitud de la violencia: Estado, centrales sindicales y empresariado unánimemente reconocen que lo acaecido de 1984 a 2011 ha sido preocupante, así existan algunas divergencias de cifras entre las fuentes. Pero ese no es el núcleo central del debate.

2-   La violencia no se distribuye homogéneamente en todos los años ni en las diversas zonas geográficas ni en los diversos sindicatos: hay sitios, sindicatos y años de gran concentración de casos de violencia. Los años de mayor concentración son los cuatro años picos de la curva: 1988, 1994, 1996, 2002; el más alto de todos,  1996.  Los sitios: son 32 municipios, de los cuales los de mayores cifras son: 4 de Urabá, 6  del Magdalena Medio y 4 ciudades: Medellín, Cali, Barranquilla y Montería.

Los sindicatos: son 25, encabezados por los sindicatos de maestros de Fecode; Sintrainagro, de trabajadores bananeros; y la USO, de trabajadores petroleros. Estambién alto el número de homicidios sobre trabajadores de Anthoc (sindicato de la salud), Asonal Judicial, Aseinpec, Sintraemcali, Sinantrainal (de la industria de alimentos), los sindicatos de la palma y Sutimac, de trabajadores del cemento.

3-   ¿Quiénes están, entonces, detrás de esta violencia? Y, ¿Qué los mueve o impele a esas acciones?  

El Informe no resuelve este interrogante en tanto el país no ha logrado hacerlo, pero brinda elementos para que las investigaciones prosigan con el mayor rigor posible.

En cuanto a los móviles:hay un gran vacío de informaciónEn el último balance que en el curso del Proyecto se obtuvo de la Fiscalía (agosto 2009), se habían producido 223 sentencias referidas claramente a crímenes contra sindicalistas (en su mayor parte homicidios), cuando hasta ese momento se contaban 2.791 homicidios segúnla base de datos de la Escuela Nacional Sindical.

Con relación a los móviles, en el 56 % de las sentencias los jueces determinan que el móvil fue el antisindical. Es decir, que mataron a los sindicalistas por acciones relacionadas con su ejercicio sindical y no por móviles aleatorios o fortuitos. Los móviles relacionados con la delincuencia común, en cambio, como robarles, cobrarles venganza, u otros de este género, solo se encuentran en el 16% de las sentencias.

4-   Frente a esta violencia ¿qué ha logrado hasta hoy el Estado y qué acciones requiere emprender hacia adelante?

Hay un poco menos de impunidad en los casos de crímenes contra sindicalistas que en el conjunto de crímenes en general. Esto debido a algunas mejoras que empezaron a observarse desde 2006, cuando se crearon la Subunidad para investigar crímenes contra sindicalistas (en la Fiscalía) y la Jurisdicción Penal Especial de Descongestión (en la rama judicial).  Se necesitan más jueces, fiscales e investigadores, pero se requieren también cambios organizativos, reformulación de metas e instrumentos de evaluación de gestión permanentes, y adecuación de las metodologías a la naturaleza de este tipo de violencia sistemática, que exige, para desenmarañarla, incorporar también enfoques sistémicos.

Las recomendaciones del Informe


Iniciativas relacionadas con el Estado en materia de judicialización

1.       Concertar una política criminal del Estado

2.       Ampliar la planta de personal de la Fiscalía y de los jueces

3.       Cambios para mejorar la estructura de la Fiscalía y su Subunidad de investigación de Delitos contra Sindicalistas y la Jurisdicción Penal de la Descongestión

4.       Revisión periódica conjunta de los casos remitidos a la Subunidad de la Fiscalía encargada de investigar la violencia contra sindicalistas

5.       Medidas excepcionales y robustas de descongestión

Iniciativas relacionadas con el Estado en materia de reparación individual y colectiva

1.       Acciones reparadoras de memoria histórica

2.       Reparación colectiva por vía administrativa

3.       Superación de falencias del programa de reparación individual por vía administrativa y del Decreto 1290 de 2008 que lo sustenta

4.       Reparación colectiva material por vía judicial

5.       Restablecimiento del buen nombre y dignidad de la víctima y de la organización sindical

6.       El sindicalismo en el discurso oficial

7.       Diseño de campañas en defensa del sindicalismo

Iniciativas relacionadas con el Estado en materia de prevención y protección

1.       Concepción, debate y concertación de una política pública integral de prevención y protección

2.       Sección específica de alertas de riesgo de la población de sindicalistas y trabajadores sindicalizados en el Sistema de Alertas Tempranas (SAT)

3.       Ampliación de la cobertura del programa de protección del Ministerio del Interior

4.       Monitoreo y seguimiento de los solicitantes a quienes se haya denegado la inclusión en el programa de protección del Ministerio del Interior

5.       Medidas de mejoramiento en el funcionamiento del CRER y en los estudios técnicos de riesgo

Iniciativas relacionadas con el estado y las fuentes no oficiales en materia de información

1.       Base de datos del Observatorio de Derechos Humanos y DIH de la Vicepresidencia de la República

2.       Comunicaciones e intercambio de información entre las bases de datos oficiales y alternativas

3.       Iniciativas referidas a las organizaciones sindicales

4.       Participación activa e independiente en proyectos que busquen un mayor esclarecimiento y contribuciones a la superación del problema

5.       Máxima disposición a denunciar ante las autoridades y colaborar con las investigaciones sobre los crímenes contra afiliados de sus propias o de otros organizaciones

6.       Emprendimiento de acciones en el ámbito de la reparación colectiva, tanto por vía judicial como administrativa

7.       Acompañamiento a las víctimas afiliadas y a sus familias, y asesoría, para instaurar reclamaciones de reparación individual, por vías judicial y administrativa, así como para asistirlas en el transcurso de los procesos

8.       Programas de capacitación a dirigentes y afiliados en temas de reparación

9.       Reiteración y difusión de las declaraciones que con frecuencia han hecho sobre su distanciamiento de los grupos armados irregulares, en particular guerrillas y paramilitares

10.   Concertación de estrategias para mejorar la información e imagen del sindicalismo en la sociedad

11.   Iniciativas autónomas de seguimiento a los casos de solicitudes denegadas de inclusión en el programa de protección del Ministerio del Interior

12.   Puesta en práctica de medidas de autoprotección

Iniciativas referidas al sector empresarial

1.       Apoyo a proyectos que busquen un mayor esclarecimiento y contribuciones para la superación del problema

2.       Dar a conocer aún más la disposición que siempre ha mantenido de colaborar con las autoridades

3.       Reconocimiento del papel de los sindicatos en las democracias modernas y  en las empresas

4.       Protección de sus trabajadores en responsabilidad compartida con el Estado

Iniciativas referidas a los tres actores del Estado: organizaciones sindicales y sector empresarial

1.       Reconocimiento de la situación de violencia contra sindicalistas y trabajadores sindicalizados

2.       Superación del estereotipo del sindicalista como guerrillero

3.       Continuidad del compromiso de no proteger a autores, cómplices o instigadores

Iniciativas para los medios de comunicación y la sociedad

·         Distanciamiento del “prejuicio insurgente”

 


DISCURSOS




 

Informes de los Centros de Investigación


CERAC

Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos 

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CNAI

Corporación Nuevo Arco Iris 

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DeJuSticia

Centro de Estudios de Derecho Justicia y Sociedad  

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FIP

Fundación Ideas para la Paz

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UEC

Universidad Externado de Colombia - Centro de Investigación y Proyectos Especiales, CIPE

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CINEP

Centro de Investigación y Educación Popular - Programa por la Paz

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